Jesús Leguiza – Mayo de 1992

La economía argentina ha estado fuertemente regulada y el origen de este problema se remonta a los años 30, cuando para dar respuesta a la crisis mundial muchos países iniciaron un proceso de fuerte intervención de sus gobiernos en la economía (p.e. la creación de las Juntas de Granos y de Carnes, el BCRA …). Con el avance de los años este comportamiento se multiplicó hasta que, por una compleja y amplia telaraña de regulaciones, el crecimiento económico, que se caracterizó por ser lento, se estancó y la inflación se volvió crónica (estanflación).

Al principio las regulaciones se orientaron al control de la oferta y la exportación de materias primas y productos agropecuarios; después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, estas regulaciones se profundizaron con una mayor inserción del Estado en los mercados p.e. nacionalización del comercio exterior con otra cración, el IAPI.

Posteriormente y hasta los años ’70 todas las políticas económicas, salvo pocos intentos, no pudieron desprenderse del comportamiento regulatorio o intervensionista del Estado. Por último, en la década del 80, los problemas de estancamiento, endeudamiento externo e inflación descontrolada acentuaron las medidas de regulación con controles de precios en el mercado interno, con permisos y autorizaciones previas en el comercio exterior, impuestos y aranceles altos, tipos de cambio diferenciales. Todo ello en coexistencia con regímenes de promoción industrial que por un lado aumentaban el deficit fiscal y por otro seguían distorsionando los precios en los mercados, etc.

Así, el Estado terminó sobredimensionado, con descontrol fiscal y en un ambiente de altísima inflación, pocas inversiones, economía cerrada y una notable y ya excesiva regulación económica. Esto ocasionó distorsiones de todo tipo, falta de competencia, alta ineficiencia de los sistemas de producción, innumerables impuestos que deformaban aún más relativos precios, varios tipos de cambio, indexaciones (ajustes de precios con variados índices), etc.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

A fines de 1990, la Argentina inicia una serie de cambios estructurales para hacer frente a los innumerables problemas, pero principalmente para contener la inflación y la desconfianza generalizada de la población: la reforma del estado, la libertad de mercados y la inserción internacional, fueron las bases de una nueva política económica.

La reforma del Estado mediante la búsqueda del equilibrio fiscal, la privatización de empresas públicas y la racionalización del gasto público.

La libertad de mercados se apoya en la desregulación económica, la no intervención ó mínima intervención del Estado en los mercados, tanto en materia de producción de bienes o prestación de servicios, como en la eliminación de todo tipo de trabas para permitir la libre producción y comercio de bienes y servicios.

Asimismo se brindó igualdad de tratamiento a las inversiones locales como a las inversiones extranjeras. Estas últimas, sobre todo, las inversiones directas acompañaron el proceso de privatizaciones y/o concesiones (teléfonos, ferrocarriles, aeronavegación, subterráneos, etc.).

LA DESREGULACION ECONOMICA

Entre la segunda mitad de 1989 y finales de 1990 se dictan tres importantes instrumentos legales: Ley de Reforma del Estado, Ley de Emergencia Económica y un Decreto de Reforma Administrativa.

Las primeras acciones de desregulación se inician en 1989 con la liberación de precios y mercados, se eliminan las restricciones para las inversiones extranjeras y se suprimió toda prohibición de importaciones y regímenes de consulta previa.

En 1990 se impulsa la liberación del mercado de combustibles y recién 1991, con el Decreto 2284 del mes de noviembre, se consolida la desregulación de manera sistemática e integral. Se desregula el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, se eliminan regulaciones públicas en los mercados de producciones regionales y de industrias de capital intensivo y el mercado de capitales.

La desregulación del mercado interno de bienes y servicios se inició con la suspensión de la Ley de Abastecimiento y el monopolio de los mercados concentradores de productos frescos, se eliminaron las restricciones de acceso al mercado del comercio minorista y sus limitaciones horarias. Los servicios profesionales también fueron desregulados. Se disolvieron organismos reguladores, gran parte de ellos, relacionados con la actividad agropecuaria.

La liberación del comercio exterior consistió en la derogación de los permisos y cuotas de importación, consultas previas, autorizaciones para la exportación, régimen de compre nacional en contrataciones públicas y se simplificaron los tramites aduaneros

Las regulaciones públicas en los mercados de los productos regionales y en las industrias de capital intensivo consistieron en la eliminación de los sistemas de promoción fiscal y franquicias especiales para la actividad industrial beneficiada (aeronáutica, construcción naval, siderurgia)

Por último, en el mercado de capitales se liberaron las comisiones de los agentes bursátiles, se simplificaron los requerimientos para la emisión de nuevos títulos, se mejoró el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y se eliminaron impuestos (sellos, transferencias y ganancias).

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

Por otra parte, el plan de convertibilidad, que parte del conjunto de medidas de política, para lograr la estabilización, fue impulsado en 1991. La convertibilidad se basa en dos premisas fundamentales: a) la moneda debe estar totalmente respaldada en oro y monedas extranjeras, con un tipo de cambio fijo ($ 1 = us$ 1) y sin ajustes de precios mediante mecanismos de indexación; y, b) el gobierno central no puede financiar los déficits con emisión monetaria o con aportes del Banco Central.