Esta situación es igual al arreglo que el Estado quiere lograr con la deuda externa, solo que en este caso se trata de una empresa privada entre tantas miles.

El conocido avance del gobierno sobre el sector privado es evidente y encierra un mensaje negativo para toda la actividad productiva del país y para los compradores/clientes extranjeros.

Vicentín, como ya casi todo el mundo conoce, es un acopiador de granos y productor de aceite y pellets (harina) de soja, entre otras actividades productivas y comerciales. Es una de las empresas que se encuentra entre los grandes jugadores de las exportaciones del sector agrícola.

Los argumentos utilizados para su “intervención” son falaces:

1) Soberanía alimentaria.
2) Referente de precios de la materia prima, granos de soja.
3) Gran deudor irregular del Banco de la Nación Argentina.
4) Manejo irresponsable de la tercera generación de dueños/accionistas y directivos.
5) Cuidar para que no caiga en manos extranjeras.
6) Evitar que la empresa pare sus actividades y deje trabajadores en la calle.
7) Es de utilidad pública e interés nacional.

Vamos punto por punto:

-La soberanía alimentaria o seguridad alimentaria es un concepto que viene desde las guerras mundiales y está referido a los países que son compradores de alimentos provenientes de otros países, o sea, se abastecen mayormente en el exterior, durante y después de guerras, y/o por falta de recursos naturales propios.

Este no es el caso de Argentina, que es un exportador neto de alimentos. Cuando conviene, se dice que produce alimentos para 400 millones de habitantes.

-Referente de precios de la materia prima, es decir la soja en granos, también es falso. Una empresa privada aunque llegue a tener participación estatal no puede imponer precios de referencia para el total de los productores de soja del país y se maneja con precios internacionales.

Es irracional que compre más caro para que marque un precio mínimo indicativo. Así terminó la Junta Nacional de Granos (JNG), con millones de dólares de déficits porque intervenía en el mercado. No así la Junta Nacional de Carnes (JNC) sustituida ahora por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

-Manejo irresponsable de la tercera generación de dueños/accionistas y directivos. Todas las empresas tienen varias formas de financiar la compra de bienes de capital o materias primas. Cuando se usó todo el capital propio de los dueños/accionistas, éstos solicitan prestamos a bancos públicos, privados, nacionales extranjeros, a proveedores, y hasta pueden pedir adelanto a los compradores.

En otro ámbito, pueden colocar debentures y nuevas acciones en la bolsa. Sucede que en este país toda financiación es imposible, la tasa de interés real es muy alta y ello no permite la financiación bancaria. O las utilidades deben ser excepcionalmente atractivas para que las nuevas acciones o los debentures resulten beneficiosos.

El verdadero problema es el excesivo gasto público y el déficit fiscal que se financia con deuda externa o interna. La desconfianza en los gobiernos genera un riesgo país alto y los préstamos de los bancos locales resultan carísimos con tasas de interés muy altas, costo al que las empresas privadas no pueden acceder.

-Gran deudor irregular del Banco de la Nación Argentina, puede ser; como también que el Banco se haya sobrepasado prestando más de lo que permiten las reglas del Banco Central. Esto es penalizable y los Directivos del BNA deberán afrontar los juicios o demandas correspondientes; los anteriores y los actuales.

No obstante, el BNA puede cobrar sus acreencias comprando acciones o haciendo ampliar el capital accionario de la empresa.

-Cuidar que “caiga en manos extranjeras”. Los ferrocarriles, las redes de agua potable, de electricidad, los subterráneos, la explotación del petróleo se hicieron con capitales extranjeros, que en su momento eran empresas de otros países, sobre todo de Inglaterra.

Mientras exista una gran diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real, y abusos con alta presión fiscal no habrá ningún interesado en realizar inversiones en Argentina, ya sean ciudadanos con dólares en el colchón, en cajas de seguridad o resguardados en el exterior. Como tampoco inversores no financieros extranjeros que les interese instalar fabricas o negocios en el país. No habrá Inversión Extranjera Directa (IED). Además, la pandemia agudiza negativamente la situación.

-Evitar que la empresa pare sus actividades y deje trabajadores en la calle. Con el desmanejo de la política macroeconómica, es decir la política monetaria, fiscal y cambiaria, cientos o miles de empresas cayeron o caerán en la misma situación. Cierre de actividades, despidos laborales aunque estén prohibidos, mínimas ventas si es que las empresas se pusieron en marcha o estén a media marcha. La gente, los trabajadores privados, están con miedo para ir a sus trabajos.

-Es de utilidad pública e interés nacional. Vicentín es una empresa privada como la mayoría de las empresas del país, sean pequeñas, medianas o grandes.

En cualquier Estado moderno existen solo unas pocas empresas públicas que se dedican a la producción de bienes o a la prestación de servicios en forma directa, como YPF, YCF, Edenor, Edesur, Aysa, Ferrocariles, Aerolíneas Argentinas-Austral y otras tantas.

Algunas se justifican y dan ganancias, otras ni se justifican ni dan ganancias. También existen muchas empresas o sociedades del estado que están concesionadas que son de interés público y general para la población.

Estos argumentos falaces no justifican ni siquiera la “intervención” y mucho menos la expropiación de Vicentín o cualquier otra.

Debe correr agua bajo el puente, mejor que no corran protestas generalizadas. Se debe respetar la Constitución, la Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24522 y modificatoria, sin esperar la decisión del Congreso Nacional para una expropiación. Por ahora que siga en manos del Juez de la causa y del fiscal para que, en caso de llegar a algún arreglo, se homologue el concurso de acreedores.