Jesús Leguiza

Propuesta seria y al hueso para Patricia Bullrich.

El que recibe subsidios del Estado no debe votar. Así como fue exitosa la votación en diputados para que se implemente la boleta única, ahora se debe ir por un paso más importante, más serio y que solucione un problema estructural mucho más profundo.

No se puede negar la necesidad de apoyar a tanta gente que los distintos gobiernos dejaron sin trabajo y/o sin ingresos dignos para vivir; siempre y cuando esa gente quiera trabajar. Para que los gobiernos populistas, que lo fueron todos desde hace más de 100 años, dejen de comprar voluntades, se debe exceptuar de votar a todos los ciudadanos que reciben los subsidios directos o indirectos, duplicados o multiplicados que otorga el Estado. Un único subsidio por DNI y por residente permanente.

Ahora, con las enormes bases de datos que tiene el mismo Estado se puede cruzar información de los beneficiarios de planes y subsidios de todo tipo y de todo Ministerio; y, excluirlos de los padrones electorales. De esta manera, sin dejar de ayudar al habitante que realmente necesita, se soluciona el verdadero problema de gobernar para no seguir creando pobres/clientes y arruinando el país. Con una excepción, los que coartan la libertad constitucional de transitar a otros ciudadadanos deben ser sancionados y eximidos de la obligación de votar; no debe permitíseles votar, eliminándolos de los patrones electorales.

Los gobiernos, en todos los niveles, deben dedicar sus presupuestos para las cuestiones básicas de todos los ciudadanos: educación no militante, justicia no dependiente del PE, salud pública para el que no puede tener obra social privada, jubilaciones para los que aportaron 30 años.

Argentina necesita infraestructura de puertos, rutas, caminos rurales, ferrocarriles, autopistas, hospitales, escuelas, incluso viviendas sociales. El sector o capital privado también puede invertir o administrar concesiones.

Todo ciudadano que recibe subsidios no debe votar. Solo así se elimina de cuajo la mala política de repartir dinero que aportan los ciudadanos con sus impuestos o de emisiones espúreas de moneda. Una condición necesaria y suficiente para no tener gobiernos corruptos.