La ilusión del compre nacional.

El primer régimen de compre nacional fue establecido por el Decreto-Ley 5.340 de 1963, durante la presidencia provisional de José María Guido, tras el golpe de Estado que derrocó a Arturo Frondizi. Aunque mucho menos detallado que los mecanismos que lo sucederían, ya se establecía la obligación en las compras públicas de “adquirir exclusivamente materiales, mercaderías y productos de origen nacional siempre que el precio sea razonable” (art. 1).

Siete años más tarde, durante la dictadura encabezada por el general Marcelo Levingston, se dictó un segundo instrumento que mejoraba y completaba al anterior, la Ley 18.875. Redactada por el entonces ministro de Economía, Aldo Ferrer. Esta norma era una herramienta cuyo objetivo era alcanzar un nivel de desarrollo industrial, empleando las compras públicas, aunque nunca se aplicó totalmente.

En 2001, se dictó la Ley 25.551, que levantó la suspensión en la aplicación del Decreto-Ley 5.340/1963 y la Ley 18.875, ordenada por la Ley 23.697 de Emergencia Económica de 1989, e introdujo preferencia en las compras públicas a favor de los bienes de origen nacional, de un 7% si se trataba de pymes y del 5% si era otro tipo de empresas.

Ahora se insiste con un «nuevo proyecto» nac&pop:

El resultado fue y será siempre el mismo: que el ciudadano argentino compre MÁS CARO para que se beneficie la casta de «industriales nacionales» con el cuento de ayudar a las pymes que son las que «emplean» más mano de obra, cuando en realidad no es así.