Ámbito Financiero, 31/03/05

Jesús Leguiza – Fundación Federar

En la Argentina existe el Derecho Real de Superficie (DRS) desde el año 1999, a pesar que Vélez Sársfield lo excluyó expresamente del Código Civil. Éste eliminó dicha figura jurídica de la enumeración taxativa del art. 2503 y la suprimió expresamente por el artículo 2614 del mismo Código. Quedó así establecido el “principio de accesión” que rigió por casi 130 años.

El derecho real de superficie es aquel derecho que confiere a su titular el poder de edificar en suelo ajeno, haciendo suya la propiedad de lo construido, lo implantado y los frutos del mismo. En materia agrícola, el derecho de superficie permite plantar o sembrar en suelos ajenos, manteniendo separada la propiedad de la tierra de la propiedad o disponibilidad lo plantado y cosechado.

En 1986, investigando la disponibilidad de tierras forestables en el Delta del Paraná junto a José Luis Darraidou, hemos descubierto la existencia de este concepto ante una pregunta de Richard Owen, un experto de la FAO. Sin embargo y pesar de nuestra ignorancia,, el concepto existía desde la antigüedad aunque no en la Argentina.

El Derecho Romano Antiguo no podía concebir que la propiedad de la superficie sea distinta a la propiedad del suelo; existía el principio de “Superficie solo cedit”, donde todo lo construido sobre un inmueble ajeno quedaba en propiedad del dueño del fundo. Tal como ha sido en Argentina hasta 1999. En el Derecho Pretoriano, el Pretor, concedía un interdicto y una acción Real: el “Superficiebus” y el “Utilis in rem Actio”, respectivamente, con los cuales quienes edificaban en suelo ajeno podían arrendar ese suelo por muchos años, dando origen al Derecho de Superficie. En el Derecho Español Antiguo, que tampoco concebía el derecho de superficie, hubo una excepción con los Reyes Católicos, quienes facultaron a Colón para repartir tierras de la Isla La Española, con la condición de habitar por 4 años, hacer plantaciones y pagar un cánon por el uso.

Entre nosotros, los antecedentes más cercanos son la Ley de Enfiteusis, de tierras públicas para uso y explotación y el Derecho de Anticresis, que es un derecho real concedido al acreedor por el deudor, o un tercero por él, poniéndolo en posesión de un inmueble, y autorizándolo a percibir los frutos e imputar anualmente sobre los intereses del crédito. En 1995 promovimos el concepto de Derecho Real de Superficie en el proyecto de la actual Ley 25.080 de Promoción Forestal y ha sido tomado como propio por entidades empresarias, por empresarios, por forestadotes, por técnicos, entre ellos se destaca la Dra. Goldemberg y hasta por los mismos legisladores.

El Derecho Real de Superficie (DRS) existe en la legislación de numerosos países, en algunos desde hace más de 150 años: España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Brasil, Bolivia, Perú, son ejemplos. En 1999 se sancionó la Ley 25.509 que se refiere solo Derecho Real de Superficie Forestal (DRSF) “constituido sobre inmuebles susceptibles de forestación o silvicultura”. El Derecho Real de Superficie Forestal se adquiere por contrato, oneroso o gratuito, es instrumentado por escritura pública y tradición de posesión. Ahora figura en la enumeración de los derechos reales del artículo 2503 del Código Civil y es complementario a la Ley de Promoción Forestal 25.080.

En el año 2002 a instancia de la Senadora Martín de la provincia de San Juan elaboramos un proyecto de ley que modifica la Ley 25.509 a fin para incorporar la fruticultura y el ex Senador Gioja facilitó la media sanción del Senado en diciembre del 2003. Proyecto que se fusionó con otro impulsado por la Senadora Escudero y Gómez de la Lastra. Lamentablemente, esta media sanción perdió estado parlamentario en diciembre del 2004, pero la diputada Narducci y el diputado Montoya, ambos de Córdoba, han hecho y están haciendo ingentes esfuerzos para reflotar la idea a fin de sancionar durante el actual periodo legislativo, la nueva Ley de Derecho Real de Superficie Forestal y Frutícola (DRSFyF).

Ambito Financiero, 17 de enero de 2006.-

Jesús Leguiza – Federar

 La inflación golpea los costos de la producción agropecuaria, comienzan quejas por aumentos de impuestos y distorsiones en los egresos. El sector presiona para que se eliminen las retenciones

 En un proceso inflacionario como el desencadenado ahora, pero latente desde principios del 2002 por la mega y descontrolada devaluación,  es evidente que los costos y precios de la macroeconomía (salarios, rentas, intereses, ganancias, tarifas, impuestos y, su contracara, los precios de los bienes y servicios), tarde o temprano, tiendan a ajustarse al tipo de cambio vigente. Este, a su vez,  está oficialmente sostenido a 3 pesos por dólar y todo indica que seguirá así. A partir de ahora, cuando se haga referencia a valores monetarios, nuevamente empezaremos hablar en términos nominales y en términos reales. Recordemos que la convertibilidad fue una herramienta dura (como un hacha) para controlar la hiperinflación, pero también debía recibir un hachazo el exceso de gasto público y el déficit fiscal recurrente (regla de oro). Asimismo y, como resultado del 1 a 1, a solo tres años de su existencia los salarios en dólares pasaron ser muy altos y la industria nacional empezó a despedir gente y/o a no tomar una mayor oferta laboral. No obstante, la convertibilidad fue la elegida como la bruja en la cacería impulsada, primero alguna gente de la Alianza, y luego por los devaluadores-pesificadores y autores partícipes primarios del problema actual de la inflación, en dónde la provincia de Buenos Aires ha tenido mucho que ver. Para cerrar el tema de la convertibilidad, vale recordar el dicho popular: -Porque un vaso de agua no sirve para eliminar un gran incendio, no se puede inferir que el agua no apaga el fuego-. Cuidado que ahora estamos en una nueva convertibilidad, no por ley, sino por intervención directa del BCRA y la política explícita del Ministerio del Economía.

 La economía se ha recuperado no hay duda.  El Producto Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios producidos y vendidos o estoqueados a precios de mercado en el año, ha crecido. Aumentó la demanda agregada por las “inversiones” en construcción, porque la gente optó por los ladrillos y no por los depósitos a plazo fijo. Las primeras empresas que empezaron ganar, en realidad, han sido las exportadoras que tuvieron sus costos pesificados y sus ingresos dolarizados, ergo buenas ganancias;  luego las empresas de la construcción, como también la industria “nacional” promovida/protegida. El Ingreso Bruto, que es la contraparte del Producto Bruto, se concentró en las ganancias de esas empresas y es ahí de donde se explica la recuperación económica. Solo hubieron unos pocos y dosificados aumentos salariales otorgados por decreto, pero no son la causa principal de la inflación. Es claro que existe una franca distribución regresiva del ingreso.

Ahora que reapareció la inflación, mal crónico de hace más de 50 años, vale la siguiente pregunta: ¿la economía se ha recuperado o ha crecido en términos reales?; y, ¿la recaudación fiscal ha crecido también en términos reales ?.

 Impuesto inmobiliario rural

 En este marco es razonable y demostrable que algunos impuestos hayan quedado rezagados; por ejemplo, los relacionados con las valuaciones de los inmuebles –tasaciones fiscales-, base del impuesto inmobiliario rural, que corresponde cobrar a las provincias y municipios; estos impuestos quedaron pesificados y, por ende, puede ser necesario aumentar en términos nominales. La gente del campo tiene razón en enojarse con el gobernador de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario se puede ajustar debido a la inflación; además, los buenos campos se revalorizaron también, algunos en demasía. Asimismo, como contraparte, también corresponde ajustar los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias.

 Sin embargo, los propietarios de tierras se tienen que enojar aún más, porque al gobernador le falta capacidad y firmeza, como también a los otros gobernadores pampeanos, para gestionar, presionar y eliminar las retenciones a las exportaciones. Los productores de las provincias, especialmente de esas provincias, son los que más pagan por las retenciones, porque sus producciones principales son las que más tributan  y porque sus gobiernos no reciben un peso en concepto de coparticipación por las retenciones.  Es más sano subir el valor fiscal de los inmuebles rurales o, si se quiere, la alícuota del mismo impuesto; como también es más sano eliminar las retenciones. Uno se pregunta: ¿no pueden hacer nada en materia de política agropecuaria y fiscal de sus respectivas provincias?.  Salvo, la jocosa idea de perseguir a inquietas y escurridizas parejitas enamoradas en los hoteles alojamiento del gran conurbano bonaerense y, ahora en el verano, a los turistas con autos que quieren respirar un poco de aire fresco y olvidarse del sometimiento del FMI.

 Reintegros a las exportaciones

 Se cancelará la deuda con “el demonio y causante de todos nuestros males”, aunque si se revisan algunos titulares de principios de los ’90, el FMI estuvo en contra de la convertibilidad. La cancelación se hará, como siempre y como corresponde, con dinero de otros: de los productores, de los más necesitados, de los ahorristas que se quedaron con poco o nada.  Es bueno cancelar deudas y desvincularse del FMI, además con un gran impacto creando un nuevo mito urbano, pero ¿es necesario, es más económico, el país, en su conjunto, gana?. Lo  necesario es eliminar las retenciones, sobre todo, si se desea aumentar el impuesto inmobiliario como también es necesario restituir los reintegros a las exportaciones que son nada más ni nada menos, que la devolución de los impuestos indirectos que cobra el estado en sus distintos niveles. Esto provoca, junto a las retenciones, una disminución del tipo de cambio real que ya no es tan real como hace 3 años. Este reintegro nunca tuvo que ser eliminado, está en contra de las más elementales normas del comercio internacional, no se deben/pueden exportar impuestos. Ha trascendido que, al que se porta bien, el Ministerio de Economía de la Nación devuelve lo quitado arbitrariamente. Caramelo que recibió el sector avícola contra la promesa de bajar los precios. Dividir para reinar, vieja y conocida estrategia, pero no hubo rebelión en la granja. Al contrario, los pollos y las gallinas, interpretan como un gran logro sectorial. Muy mal señores dirigentes de los avicultores por dejarse apretar y ceder individualmente, no tienen sentido de grupo ni de gremio para defender los intereses de campo. ¿Quién los defenderá cuando el mismo benefactor, ante la imposibilidad de contener la inflación, presionará nuevamente para “bajar” los precios, pero esta vez con importaciones?.